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Inpec debe buscar local para presos que están hacinados en Jericó

Corte Constitucional le dio un plazo de tres meses al Instituto para hacerlo.

Mientras se resuelve el hacinamiento que llega al 188 por ciento en la cárcel de Jericó (Antioquia), la Corte Constitucional le ordenó al Inpec y a la Gobernación de Antioquia que en un plazo de tres meses encuentren y arrienden un local donde puedan ser recluidos algunos.
La tutela de la Corte pide realizar una reunión para definir el tema entre el Inpec, la Gobernación y los alcaldes de municipales de Jericó, Pueblorrico y Tarso.
"Esto, con el fin de llegar a un acuerdo respecto de la búsqueda y el arrendamiento de un local donde puedan ser recluidos algunos internos en condiciones de dignidad humana, seguridad y espacio adecuado, mientras se adecúa una nueva planta física acorde a la capacidad del penal", dijo.
Según los magistrados esta es la medida que se debe acatar, a menos que encuentren otra solución que "asegure el goce efectivo de los derechos tutelados y no imponga cargas, limitaciones o restricciones adicionales sobre estos u otros derechos fundamentales".
Al tiempo, dicho organismos deberán acordar el aporte económico que deben hacer los entes territoriales para la ejecución del proyecto que finalmente sea escogido.
Además, ordenó al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia, al Departamento Nacional de Planeación y al Inpec que en la siguiente vigencia presupuestal realicen las gestiones necesarias "con el fin de iniciar las obras de infraestructura requeridas para eliminar el problema de sobrecupo carcelario que presenta el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Jericó, Antioquia".
Se trata del estudio de una tutela proferida por un Juzgado de Jericó del 27 de mayo de 2013, en la que ordenó que no se recibieran más internos en dicho penal porque había superado la capacidad.
La Corte consideró "desproporcionado e irracional" pedirle a los jueces que sigan dicha disposición ya que por autonomía judicial no se puede pedir que no impongan medidas de aseguramiento por sentencias condenatorias a personas responsables de delitos.
Por eso, la solución más adecuada, a su juicio, era no impedir enviar más personas a prisión sino que se encuentre un sitio alternativo para recibirlas.

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