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“Una persona menos por celda”: hacinamiento y reforma penitenciaria

La anunciada y recién aprobada reforma del Código Penitenciario tiene algunos aciertos pero no pasa de ser un paño de agua tibia frente a la magnitud del hacinamiento en nuestras cárceles.

Libardo José Ariza* - Julián Martín Berrio**

Un logro pírrico

Hace algunos meses la Cárcel Modelo de Bogotá alcanzó su máximo de ocupación histórica: cerca de ocho mil personas se encontraban encerradas en un establecimiento con capacidad para 2.850 reclusos. Con la intervención de la Juez 56 Penal del Circuito de Bogotá, que ordenó la suspensión de ingresos de nuevos reclusos, y con la postura firme por parte de la dirección del establecimiento que recibe solo un número de internos proporcional al que retorna a la libertad, La Modelo ha reducido su población a cerca de cinco mil personas.

 

Paradójicamente, la reforma actual se ha convertido en un programa –aunque muy parcial- de descongestión penitenciaria.
La reducción del número de prisioneros es un logro importante y permite una vida cotidiana relativamente tolerable para los internos y para el personal de guardia. No obstante, sigue siendo preocupante el nivel de hacinamiento cercano al 170 por ciento en La Modelo, el mismo que dio lugar a que en 1998 la Corte Constitucional declarara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en las cárceles del país.

No menos preocupante: el éxito de La Modelo supone que el problema se traslade a otros establecimientos y lugares de retención. El logro de una cárcel es la tragedia de las demás.

La principal enseñanza de este caso consiste en que, comparada con la situación anterior, casi cualquier cambio parece ser positivo: frente al hacinamiento del 300 por ciento, retornar a un nivel del 170 por ciento parece un gran avance.

Un pequeño cambio

Ese es también el sabor que deja la reciente aprobación del Proyecto de Ley 23 de 2013 , que reforma el sistema penitenciario: un cambio imperceptible en el diseño y funcionamiento general de la obsoleta maquina penitenciaria, que sin embargo puede resultar benéfico para el grupo reducido de internos e internas que logren abandonar la cárcel antes de completar su condena.

En efecto: gracias a la mayor facilidad para acceder a la suspensión condicional de la pena, a la prisión domiciliaria y a la libertad condicional, algunos prisioneros saldrán de su celda, del pasillo o de la rotonda para dejar mayor espacio a los que se quedan. Un poco más de espacio en las prisiones.

Para todos los demás la situación seguirá siendo la misma. Es decir, de las 120.310 personas que actualmente sufren los rigores de las condiciones infrahumanas de reclusión, solo entre 6 mil y 10 mil (no hay claridad sobre el verdadero alcance de la reforma) podrían escapar del intenso hacinamiento. Para todos los demás, el hacinamiento –un poco menor- seguirá siendo la condición normal de existencia.

Excarcelaciones en vez de política

El gobierno se había mostrado renuente a reconocer que las excarcelaciones fueran una salida a la crisis del sistema carcelario. Paradójicamente, la reforma actual se ha convertido en un programa –aunque muy parcial- de descongestión penitenciaria.

Los vaivenes del gobierno en este sentido han sido notables y muestran su confusión entre los regímenes diferenciados de ejecución carcelaria o penitenciaria –como los regímenes abiertos o semiabiertos- y las instituciones de tratamiento penitenciario propias de un régimen cerrado -como son los subrogados penales y los beneficios administrativos-, que es el que existe y seguirá existiendo en Colombia.

Parece que la cuestión no es si existen formas distintas de hacer efectivas las medidas de aseguramiento y la pena privativa de la libertad –y en este sentido la función que debería cumplir el sistema penitenciario y carcelario en un Estado Social de Derecho-, sino cuál es la cifra tolerable de personas que saldrían de los establecimientos como consecuencia de los cambios en el régimen de los llamados "subrogados penales" (esto es, medidas sustitutivas de la pena de prisión y arresto) y de los beneficios administrativos.

Todo se reduce a sacar a algunas personas de la prisión para hacer tolerable el encierro de aquellas que se quedan. Un enfoque muy simplista ante un problema de tanta magnitud. Aún como programa de descongestión es insuficiente.

Flexibilización de las normas

El punto clave de la reforma es como superar algunos obstáculos normativos que dificultaban el acceso a los "subrogados penales". Para eso se adoptan medidas como:

1. Eliminar el pago de la multa como requisito para acceder a los subrogados.

2. Establecer que la prisión domiciliaria procederá en los casos de personas condenadas por delitos cuya pena mínima legal sea ocho años de prisión, o menos, es decir, tres años más de lo que se establecía en la norma anterior. Para acceder a este mecanismo la persona no puede presentar antecedentes dentro de los cinco años anteriores a la condena y no puede haber incurrido en determinados delitos.

3. Disponer que la suspensión del cumplimiento de la pena puede concederse cuando la condena impuesta en la sentencia no exceda los cuatro años y siempre que no se trate de delitos frente a los cuales la ley excluye expresamente este tipo de beneficios. Se estableció, igualmente, que la persona no debe tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores a la condena respecto de un listado taxativo de delitos.

4. Establecer que la libertad condicional pueda otorgarse cuando el interno haya superado las tres quintas partes de la pena, sin importar el tipo de delito cometido. Con esto se reduce el alcance del controvertido factor subjetivo y de la gravedad de la conducta.

Más cárceles por contrato

Las personas que no salen seguirán pagando su deuda con la sociedad en condiciones infrahumanas pero con una persona menos en la celda (cuando la tengan).
La reforma tendrá impacto principalmente en los internos e internas que logren que establecimientos penitenciarios y jueces de ejecución de penas trabajen de manera coordinada y eficiente para lograr tramitar sus solicitudes. En todo caso, habrá que ver si efectivamente estos funcionarios judiciales hacen presencia en los establecimientos, si se logra implementar la oralidad y si todo esto se traduce en la excarcelación de un grupo de prisioneros.

La reforma es apenas un paliativo para una crisis que se agudiza, paliativo que se combina con un remedio que ha demostrado ser peor que la enfermedad: construir más establecimientos para aumentar la oferta de cupos, abriendo la posibilidad de que existan contratos bajo el modelo de asociación público-privada para la construcción, mantenimiento y conservación de los centros de reclusión.

Ambos, el paliativo y el remedio, tienen la virtud de ser políticamente correctos en el contexto de una sociedad receptiva a una política criminal populista: la reforma libera a un puñado mientras allana el camino para construir más cárceles en las cuales se encerrará a muchos otros.

Luces y sombras

La reforma adopta un lenguaje políticamente correcto al incluir principios que desde hace mucho se echaban de menos en el campo penitenciario, como el principio de enfoque diferencial. Estos principios, así como los retoques en el funcionamiento general del sistema, serán clave en el proceso de reclusión de las personas que siguen encerradas y todo dependerá de la rapidez con que se pongan en marcha. Algunos puntos merecen mención especial:

· No se sabe cuándo se harán efectivos el cierre de la Unidad de Salud Mental de la Cárcel La Modelo y la adopción de un sistema adecuado para la reclusión de los llamados inimputables;

· No hay alusiones suficientemente específicas que transformen la situación delas mujeres que se encuentran recluidas con sus hijos menores de 3 años.

· La obligación de ajustar razonablemente la institución penitenciaria a la situación de las personas con discapacidad es una buena noticia.

· También es positiva la creación de Centros de Arraigo Transitorio como una medida intermedia entre la intervención penal y la intervención social.

· La creación del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad es, igualmente, un paso útil para enfrentar la ya perenne crisis de la salud en los centros penitenciarios y carcelarios.

Un modelo obsoleto

Con todo, se ha dejado pasar una oportunidad importante para discutir el modelo de ejecución penitenciaria y carcelaria utilizado en Colombia desde hace tanto tiempo y con resultados tan nefastos.

Se ha decidido aceitar una maquinaria obsoleta e ineficiente en lugar de apostarle a un modelo distinto de ejecución penitenciaria. Puede que con estos ajustes en algunos engranajes del sistema, la maquina pueda andar un trecho más; puede que algunos afortunados logren bajarse antes de tiempo; puede que los que siguen en ella se sientan aliviados porque en lugar de seis personas por celda ahora habrá cinco.

Las personas que no salen seguirán pagando su deuda con la sociedad en condiciones infrahumanas pero con una persona menos en la celda (cuando la tengan).

Vea el articulo original aqui

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